El 5 por ciento de la población inmigrante de España, unas 225.000 personas, tienen alguna discapacidad y en la cuarta parte de los casos se adquirió estando ya en el país.
Según el CERMI, los datos son representativos de los inmigrantes con discapacidad que acuden a entidades de atención social y que tienen una situación legal y certificado de discapacidad.
En cuanto al perfil de estas personas, dado que la mayor parte de los inmigrantes son varones jóvenes, existe un alto número de menores de 35 años con discapacidad, en muchos casos, adquirida por accidentes laborales.
"Se trata de grupos de jóvenes que llegan para mejorar su calidad de vida, pero al estar en contacto con actividades laborales arriesgadas y propensas a accidentes, son también los que más riesgo corren de adquirir una discapacidad tras la migración", explicó uno de los coordinadores del trabajo, Agustín Huete García.
Asimismo, el estudio destaca que el 31 por ciento de los inmigrantes con discapacidad tiene un contrato laboral indefinido, el 32 por ciento, uno temporal, y el 17 por ciento trabaja sin contrato alguno.
Los inmigrantes con discapacidad encuentran "una mejor atención especializada" en España que en sus países de origen. En este sentido, la mayoría de los que están en situación regular (74 por ciento) cuentan con certificado de reconocimiento de discapacidad, el 13 por ciento lo tiene en proceso de tramitación, y el 4,05 por ciento lo solicitó y le fue denegado.
Sin embargo, seis de cada diez no reciben una pensión por discapacidad, frente a un 30 por ciento que si la percibe, lo que se podría explicar, de acuerdo al estudio, porque "no cumplen los requisitos para la obtención de la autorización de residencia permanente".
